No obstante, algunas organizaciones civiles afirman que los programas enfocados en la seguridad escolar que se han aplicado en México desde hace una década son violatorios de derechos humanos o no han entregado resultados ni tienen objetivos medibles.

Después de que el pasado miércoles 18 de enero en Monterrey, Nuevo León, un alumno disparara contra su maestra y compañeros, la respuesta de las autoridades fue reactivar el Operativo Mochila Segura que consiste en revisar las mochilas de los estudiantes en los planteles escolares.
Sin embargo, desde 2007 que esa medida se unió al Programa Escuela Segura del gobierno federal, organizaciones civiles denunciaron que violaba el derecho a la intimidad, a la seguridad jurídica, a la no discriminación y el interés superior de la infancia.

Hace diez años diversas organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos, encabezadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicaron un desplegado alertando que esa clase de operativos atentaban contra el derecho de la niñez a decidir sobre los asuntos que les afectaban, a su intimidad, respeto y dignidad, según la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

En 2009, cuando el programa operó en Nuevo León, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) reiteró que el operativo criminalizaba a la niñez “sin atacar los orígenes del consumo de drogas y las conductas violentas o antisociales: la ruptura del tejido social y la consolidación de un quehacer gubernamental ineficiente”.

Desde entonces, las autoridades defienden la medida bajo el argumento de que los operativos se realizan a petición de las autoridades escolares y bajo la autorización y presencia de los padres de familia. Pero organizaciones civiles argumentan que aunque padres o madres estén presentes en el operativo se atenta contra los derechos de los menores pues su privacidad se viola en un sitio público, como es la escuela.

Los Operativos Mochila Segura implementados en escuelas de todo el país comenzaron después de que el gobierno federal arrancara en 2007 el Programa Escuela Segura, como parte de la Estrategia Nacional Limpiemos México que buscaba atender “las causas de la criminalidad social”.
Desde que comenzó a ser un programa nacional y hasta el 2015 se ejercieron 1 800 millones de pesos.
En 2012, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dijo que hasta ese año no existían estudios para comprender cómo las acciones del Programa afectaban o mejoraban la seguridad en las escuelas y cuál era el efecto.
A ello se unieron los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2011 y 2013 en los que se indicó que no existía información para determinar cómo el Programa contribuía a mejorar la seguridad escolar de las 53 mil 787 escuelas que participaron en la política pública.
La Auditoría señaló que hasta el ejercicio fiscal 2013 el único probable resultado era un reporte de la Secretaría de Educación Pública en el que mencionó un 13.6% o 319 escuelas como “porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el programa durante dos años o más que mejoraron su valoración de la seguridad escolar respecto al año anterior”.
Sin embargo, la ASF señaló que los registros de la SEP no eran consistentes para confirmar ese resultado. “La SEP no contó con la metodología utilizada en la elaboración del cuestionario de autoevaluación, ni con los parámetros para determinar los puntajes mínimos y máximos que las escuelas participantes debían obtener para valorar si mejoraron o no su seguridad escolar, a fin de garantizar la confiabilidad de los resultados”.

Sin haber entregado resultados y después de que en 2015 se ejerció sólo la mitad de los recursos presupuestados, el gobierno federal eliminó en 2016 el Programa Escuela Segura e implementó el Programa Nacional de Convivencia Escolar.
Al Programa de Convivencia Escolar se le asignaron el año pasado 350 millones de pesos y para este 2017 un presupuesto 25% inferior. Forma parte de la Política Nacional para una Escuela Libre de Acoso Escolar y tiene el objetivo de “fomentar un ambiente de sana convivencia e inculcar la prevención de situación de acoso escolar o bullying”.
A diferencia de su antecesor, que se enfocó en evitar que “los factores de delincuencia y adicciones pusieran en riesgo la seguridad” en centros escolares, el Programa de Convivencia está enfocado en frenar el acoso.
Además de que el programa para seguridad escolar ahora tiene un enfoque distinto al de seguridad pública que se aplicó por ocho años, el gobierno de Peña Nieto decidió en este 2017 desaparecer el Programa Nacional de Prevención del Delito y recortar los recursos a otros programas destinados a reconstruir el tejido social.
Una de las estrategias del PRONAPRED era “instrumentar acciones para disminuir los factores de riesgo en que adolescentes y jóvenes vivieran situaciones de violencia y delincuencia” tanto en el entorno familiar como en el escolar.
Los responsables de implementar esa estrategia eran la Secretaría de Desarrollo Social, la de Salud, la de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación.
Este programa, que fue la primera “decisión presidencial” que anunció Enrique Peña Nieto cuando tomó protesta como presidente de México, debía intervenir en el ámbito escolar para evitar que cualquier conflicto se convirtiera en violencia dentro de las escuelas, pero tras cuatro años de operación, también desapareció.

En el salón de clases del Colegio Americano del Noreste los alumnos tomaban clase en mesas compartidas, excepto uno. El joven de 15 años que disparó contra su maestra y tres de sus compañeros este miércoles 18 de enero estaba sentado solo, a un lado de la puerta.
Según el vocero de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, el estudiante había sido diagnosticado con depresión y recibía tratamiento. Hasta el momento esa es la única información oficial al respecto.

Entre otros temas, el documento aborda temas como “reconozco y manejo mis emociones”, pero la forma de tratarlo en clase incluye una actividad como jugar en parejas “adivina con mímica” para reconocer la empatía. Al finalizar deben intercambiar opiniones al respecto. Eso es todo.
Maestros consultados por Animal Político reconocieron que las políticas dictadas desde la federación pocas veces se aplican en las aulas y mucho menos este tipo de “guías”.
María del Carmen García Lemus, directora de la secundaria 37 Rafael Cubillas de León, de Monterrey, Nuevo León, asegura que cada escuela organiza su propio protocolo de acción para detectar y tratar a alumnos con algún tipo de problema emocional o psicológico.

Aunque las secretarías de educación de los estados y federal hacen cursos de capacitación para maestros 'van los que quieren', dice la maestra García Lemus.

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En sus 44 años de experiencia profesional ha visto diferentes casos. El más reciente es de una alumna que tuvo un intento de suicidio. “No soy psicóloga, pero he logrado bastante con ella hablando todos los días”. Además, dice, también la atiende un psicólogo externo.
La maestra Guadalupe Robledo trabajó 30 años en escuelas públicas de la Ciudad de México. El proceso que acordaron en la escuela era realizar un diagnóstico (cuestionario) al inicio de cursos y dependiendo del resultado el alumno era canalizado con el psicólogo de la escuela y éste con alguna institución, de ser necesario.
Ninguno paso del proceso fue dictado por una política federal ni local, sino por la propia escuela. El problema, dice, ocurre cuando el niño no es tratado.